13 Dic IPC: Pierden las pensiones y los salarios, mientras ganan los excedentes empresariales
Según los últimos datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) en Castilla y León se sitúa en el mes de noviembre en el 3,1%, dos décimas por encima de la media nacional, lo que nos mantiene como una de las comunidades más inflacionistas.
Los grupos que han tenido mayor influencia en el incremento interanual del IPC general encontramos: Transporte, cuya variación anual cae 3,5 puntos y se sitúa en 3,7; Vivienda ha caído 8 décimas y Comunicaciones que ha pasado de -1,7 a -2,8.
A pesar de la caída de la tasa del IPC hay que señalar el aumento de dos grupos: Medicina, cuya variación se incrementa 2,3 puntos hasta el 10,8%,, dado el aumento de los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa anual de 3,2, cuatro décimas por encima que la del mes de octubre.
El dato hoy confirmado de la variación interanual del IPC general es especialmente significativo en la medida en que la Ley General de Seguridad Social, en su artículo 48, establece que es el índice de referencia que se utiliza para actualizar las pensiones y evitar que éstas pierdan poder adquisitivo como consecuencia el incremento de los precios. Si tenemos en cuenta que las pensiones fueron revalorizadas a principios de año un 1% y el IPC de noviembre ha cerrado en el 2,9%, el Gobierno debería proceder a abonar la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril de 2013, con el que compensar esa desviación.
Pese a que dicha revalorización está garantizada por ley, el Gobierno aprobó el pasado día 30 de noviembre un Real Decreto-ley, en el que anula la actualización de las pensiones, causando con ello un doble perjuicio a los pensionistas, como consecuencia del importe que dejan de percibir este año, y porque dicha actualización no se consolida para años posteriores, perpetuando la pérdida de poder de compra.
Además, el Gobierno ha intentado maquillar esta realidad anunciando una revalorización de cara a 2013 del 1% para pensiones mayores de 1.000 euros y del 2% para pensiones menores de 1.000 euros, pese a lo cual, queda muy lejos de compensar la pérdida de poder adquisitivo de este año. Pese a esta medida, un jubilado medio podrá perder cerca de 400 euros en dos años. Situación que se agrava en el caso de todos aquellos que perciben en la actualidad pensiones mínimas, que se van a ver en grave peligro de exclusión social. Por ello, desde UGT consideramos inaplazable corregir esta situación y que el Gobierno compense el incremento de los precios, tal y como establece la Ley.
Pero es que además los trabajadores están soportando íntegramente el peso de los ajustes. Ante la cercanía de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional y del IPREM para el año 2013, desde UGT instamos al Gobierno a mejorar el SMI de manera que recupere su poder adquisitivo en 2013 y retome la senda para alcanzar el 60% del salario medio neto, tal y como establece la Carta Social Europea.
En definitiva: los recortes no funcionan puesto cada vez se hunde más la actividad económica y el consumo, la destrucción de empleo no parece tener fin, y las desigualdades en el mercado laboral, la caída de la capacidad adquisitiva, y el empeoramiento en la distribución de la renta, están propiciando un deterioro más que preocupante del nivel de vida de la población.
Lejos de mejorar la realidad económica, mes a mes el escenario se agrava mientras se aniquilan derechos laborales y sociales y se arruina la protección social. Por ello, desde UGT insistimos en la urgente modificación de la estrategia de política económica que compatibilice la recuperación del equilibrio presupuestario con la reactivación de la actividad y el empleo, sin pérdida de derechos sociales y laborales. Porque el desmantelamiento de los servicios públicos, la rebaja salarial generalizada, el empobrecimiento masivo (incluido el de los pensionistas) y la exclusión social no es la puerta de salida de la crisis.
Porque la salida de crisis debe ser solidaria y social, enmarcada en el Estado de Bienestar, de todos para todos. Por ello, si el Gobierno no corrige su postura en lo que concierne a las pensiones, desde UGT solicitaremos a la Defensora del Pueblo que promueva un recurso de inconstitucionalidad e iniciaremos una campaña para promover y canalizar la interposición de reclamaciones individuales de los pensionistas ente el Instituto Nacional de Seguridad Social, solicitando que se haga efectivo su derecho a recibir el abono de la paga única compensatoria por el incremento de los precios de 2012.