13 Abr IPC: UGT insiste en la necesidad de un gran consenso social y político por la reactivación económica y del empleo
La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo general en el mes de marzo es en Castilla y León del 2,4%, una décima más que la registrada en febrero, y cinco décimas por encima de la media nacional (1,9%). Somos la Comunidad Autónoma más inflacionista del país.
Al escenario que prevé un crecimiento del PIB real este año del -1,7%, un desplome de la demanda nacional y una escalada de la tasa de paro hasta el 24,3%, hay que sumar los nefastos efectos que sobre la economía y el empleo vana tener los PGE para este año. Los efectos perjudiciales provocados por los recortes que se están llevando a cabo para lograr la estabilidad presupuestaria comprometida con Bruselas se trasladan de forma inmediata a la demanda agregada, además de deteriorar gravemente el Estado del Bienestar y la calidad de los servicios públicos. En esta situación de recesión económica, los niveles de determinados precios no tienen ninguna justificación.
Tampoco conviene olvidar el hecho de que desde el estallido de la crisis también se ha producido un deterioro importante de la renta per cápita, ya que la remuneración de asalariados ha perdido tres puntos, mientras que los excedentes empresariales han ganado casi dos. La paradoja está en que los ajustes han recaído y recaen sobre los trabajadores y las familias, a través de la continua destrucción de empleo público y privado, el aumento de la precariedad en el empleo como consecuencia de la reforma laboral, la reducción de los salarios para los empleados públicos, la congelación del SMI y el IPREM, la subida del IRPF o el aumento del IBI, entre otros factores que minan aún más el consumo de las familias, que representa casi un 60% del PIB. Si la renta disponible de las familias se reduce, caerá más el consumo, las empresas seguirán sin mejorar sus resultados, habrá una mayor pérdida de empleo, se detendrán más inversiones y retrocederá más aún la actividad económica, entrando en una espiral que puede llevarnos a una larga etapa de recesión sin atisbo de recuperación.
Para evitar la contracción económica y una mayor recesión social, desde UGT insistimos en la necesidad de un reparto justo y equilibrado de los esfuerzos para salir de la crisis, acompañado de políticas públicas responsables y no de amnistías fiscales rechazables desde todo punto de vista, ajustes de gasto indiscriminados y reformas impuestas. Es más necesaria que nunca una apuesta rotunda por el crecimiento sostenible, duradero y equilibrado, que consiga generar empleo, estable y con derechos, para lo que es inaplazable un plan de recuperación económica que restablezca el equilibrio presupuestario a largo plazo, plan basado en una política industrial dinámica y un sistema fiscal justo y que respete los derechos sociales fundamentales. Es necesario compatibilizar la reducción del déficit con el impulso del cambio en el patrón de crecimiento y con el mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar.
Es primordial controlar los precios con un crecimiento moderado de los salarios pero también mediante la contención de los beneficios empresariales, la reducción de las remuneración de altos directivos, la reinversión en la actividad productiva, una política fiscal justa y progresiva y un control eficaz por las autoridades públicas de los precios en los productos y servicios de primera necesidad.
Desde UGT creemos que lo que se necesita es un gran consenso que apueste por la superación de la crisis económica y la reducción sustencial del desempleo, las reformas fiscales y financieras, pero también por el sostenimiento del modelo social consustancial a las democracias avanzadas y por una política económica centrada en la ciudadanía y no en los mercados y los especuladores financieros.