UGT Castilla y León celebra su II Comité Regional en el marco de la Huelga General del 29 de septiembre

18 Jun UGT Castilla y León celebra su II Comité Regional en el marco de la Huelga General del 29 de septiembre

UGT reclama, de cara a los presupuestos de la Comunidad, un cambio en la políticas fiscal e insta a la Junta a acometer un incremento del IRPF en el tramo autonómico para las rentas superiores a los 60.000 euros. Igualmente, solicita a los grupos parlamentarios la aprobación urgente de la Ley de la Renta garantizada de Ciudadanía para atender a los trabajadores en  situaciones de extrema necesidad.

El Comité Regional, una vez analizado el Real Decreto-Ley sobre la reforma del mercado de trabajo aprobado por el Consejo de Ministros, ha considerado necesaria y oportuna la convocatoria de Huelga General para el próximo 29 de septiembre tras constatar la imposición de unas medidas, respecto al borrador inicial, con aspectos aún más negativos que van a incrementar la dualidad, a potenciar la contratación temporal, y a facilitar y abaratar el despido y la intermediación privada, lo que reafirma a UGT en la necesidad de organizar las movilizaciones ya acordadas.

Para el Sindicato la reforma es regresiva, no genera confianza y, además, va a ser inútil para resolver los problemas del mercado laboral. En la reunión ordinaria celebrada en Soria, con motivo del Centenario de UGT, el Comité Regional ha rechazado rotundamente el Real Decreto Ley que supone, a juicio de la Organización, una concesión directa a las exigencias empresariales que han venido reclamando un despido más fácil por causas objetivas así como su abaratamiento.

Las medidas que recoge el Real Decreto – Ley sobre flexibilidad interna que se centran directamente en la movilidad geográfica, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el marco legal sobre despidos colectivos e individuales y la inaplicación de las cláusulas de revisión salarial, va justo en la dirección opuesta a los planteamientos trasladados por las Organizaciones Sindicales durante el proceso de negociación. El sentido de estas medidas rebasa todas las líneas rojas de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a la negociación colectiva a costa de ampliar el poder discrecional de los empresarios para imponer sus condiciones.

La flexibilidad que contempla esta reforma consiste, a todos los efectos, en sustituir el acuerdo de los empresarios con los representantes de los trabajadores por mecanismos de mediación y arbitraje con la perdida evidente de la capacidad de los trabajadores para impedir la posición unilateral del empresario de condiciones lesivas a sus propios intereses.

El abaratamiento del despido y hacerlo más fácil por causas objetivas no es una solución para la salida de la crisis económica en nuestro país, más bien al contrario, provocará más paro y lo que es más grave, menos garantías de protección de los trabajadores que tienen un empleo y una vuelta de tuerca más en el recorte de derechos de aquellos trabajadores y trabajadoras que vuelvan a incorporarse al mercado laboral, en especial los más jóvenes. En este sentido, UGT Castilla y León realizará en las próximas semanas una intensa labor sindical en los centros de trabajo y en las empresas de nuestra Comunidad Autónoma, así como en diversos ámbitos de la sociedad para explicar con detalle los perjuicios que esta reforma supone para el empleo y los derechos de los trabajadores con el propósito de movilizar y aglutinar un respaldo masivo al paro general en Castilla y León, ante la convocatoria realizada por las Confederaciones de UGT y CC.OO.

Por otra parte, el Comité Regional analizaba la próxima elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad e instaba a la Junta de Castilla y León a recuperar la recaudación por la vía de los ingresos, recuperando el impuesto de sucesiones y donaciones y a incorporar como se ha hecho en otras regiones, una subida, en el tramo autonómico, del IRPF para las rentas superiores a los 60.000 euros.

El Comité ha mostrado su inquietud por la situación de los cerca de 200.000 desempleados que actualmente existen en Castilla y León, y de forma especial de aquellos cuyos niveles de renta se encuentran prácticamente en situación de reserva por agotamiento de la prestación social y el subsidio. En este sentido, desde el máximo respeto a la autonomía de las Cortes, se ha solicitado a los Grupos Parlamentarios, la tramitación urgente de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía antes de las vacaciones de verano, adoptando los mecanismos de procedimiento reglamentario que sean necesarios para promover las sesiones y plenos oportunos.

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