UGT CyL reclama una política específica sobre la discapacidad en las empresas

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Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana sábado, 3 de diciembre, queremos hacer un llamamiento a los poderes públicos, empresariado y sociedad en su conjunto para que se pongan en marcha las medidas oportunas y necesarias que permitan de una vez por todas, la integración social y laboral de las personas con discapacidad

Se cumplen ya diez años de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero los indicadores laborales siguen mostrando un panorama nada alentador.

  • 77.900 personas en edad laboral tenían el certificado de discapacidad en Castilla y León, lo que representa el 5,0% del total de la población correspondiente a esas edades.
  • De ellos solamente el 37,5% son activas.
  • El paro de larga duración alcanza a más del 60%
  • Solo el 1,67% de los contratos celebrados en Castilla y León lo fueron con personas con discapacidad y el 91% fueron contrataciones temporales.
  • Escasamente el 30% de los contratos se celebraron en empresas ordinarias.
  • La brecha salarial ha ascendido nuevamente y del 12% (2012, dato anterior) se dispara al 16% (último dato disponibles), en el caso de las mujeres con discapacidad la brecha es aun más grave.
  • A estos datos estadísticos relativos al empleo, les debemos añadir la baja participación de los trabajadores y trabajadoras en la formación profesional-ocupacional o profesional continua, en total no llega al 10% y el grado de inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que reciben formación profesional y/o continúa es en Castilla y León es 6 puntos más baja que en el conjunto de España, apenas supera el 30%.
  • El 70% de las discapacidades son sobrevenidas, principalmente las que acontecen en el ámbito laboral.

Desde UGT de Castilla y León trabajamos para evitar a toda costa desconectar los problemas específicos de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad de las estrategias globales en materia de empleo y formación. Es necesario aplicar un tratamiento transversal en pro de la igualdad para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad de cara a lograr, de forma efectiva, su integración y normalización en el mundo del trabajo ordinario: cumplimiento de cuotas de reserva, tanto en la empresa pública como privada, adaptación de los puestos de trabajo, prevención de riesgos laborales y salud laboral integrando necesidades específicas, retribución salarial, promoción o formación. Exigencias de derechos laborales y sindicales, también aplicables a los Centros Especiales de Empleo quienes cumplen la función de ser empresas de transito a la empresa ordinaria de los trabajadores y las trabajadoras con discapacidad.

Para UGT de Castilla y león son objetivos prioritarios, por ello ponemos en valor los avances logrados en el marco del Diálogo Social que, como la II Estrategia Integrada de Empleo Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, incluyen medidas destinadas a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Sin embargo en necesario abarcar todos los ámbitos laborales y sociales. Reivindicamos la participación del sindicato en las políticas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad, siendo el Diálogo Social -de gran valor en esta Comunidad Autónoma y hecho diferencial de la misma-, la fórmula esencial para lograrlo, a la vez que exigimos la derogación de la reforma laboral que afecta especialmente a las personas con discapacidad al computar como faltas de asistencia al trabajo las ausencias por enfermedad pese a estar justificadas y que pueden constituir motivo de despido.

Es innegable que la inclusión laboral de las personas con discapacidad, después de todos los mecanismos regulados como son las bonificaciones a la contratación, la cuota de reserva en el empleo público y en el privado, o los centros especiales de empleo, sigue sin lograrse. UGT Castilla y León exige en la negociación colectiva, garantizar la normalización de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad; y asegurar la contratación efectiva de estas personas en las empresas ordinarias, cumpliendo con la cuota del 2% en empresas de más de 50 personas en plantilla.

Además, demandamos realizar cuantos ajustes razonables sean necesarios para una correcta adaptación del puesto de trabajo en función de las necesidades que presenten los trabajadores con discapacidad; y vigilar especialmente la discapacidad sobrevenida, estableciendo criterios específicos de permanencia en las empresas con entornos laborales accesibles y los ajustes necesarios para su correcta adaptación en el mundo del trabajo.