07 Ago UGT recuerda al Gobierno que debe poner el mismo énfasis en perseguir el fraude laboral cometido por los empresarios que vulneran los derechos de los trabajadores
UGT considera que la iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de crear un buzón en su web para que los ciudadanos denuncien anónimamente cualquier infracción o fraude laboral vuelve a poner en el punto de mira a los trabajadores artificialmente, como si hubiera un incumplimiento generalizado de la norma, y mirando a otro lado cuando lo que se trata es de sancionar los incumplimientos laborales por parte de los empresarios.
El sindicato, como es lógico, no se opone a perseguir situaciones de fraude laboral, fuesen quienes fuesen los infractores, pero subraya que debe ponerse el mismo énfasis en la persecución y sanción de las actuaciones irregulares de los empresarios, ya en materia laboral o de Seguridad Social, ya en materia fiscal o sobre cualquier otra vulneración del ordenamiento jurídico.
UGT señala además que el Gobierno debería perseguir con el mismo celo profesional donde se encuentran los verdaderos nichos de defraudación a las arcas públicas, empezando por las grandes fortunas y las grandes empresas y recuerda la transferencia de recursos hacia las entidades financieras hecha por los ciudadanos, y los beneficios empresariales, en un contexto de paulatina degradación de las condiciones de trabajo, de la protección social, y el incremento de la pobreza y de la desigualdad social, problemas sobre los que brilla, por su ausencia, la actuación gubernamental.
Resulta llamativo que el Gobierno haga proyecciones sobre supuestos infractores de la normativa de desempleo, cuando la tasa de cobertura por desempleo sigue bajando y cada vez son más los desempleados que no perciben ninguna prestación pública, lo que implica desamparo y drama social.
El Sindicato advierte que el procedimiento de la denuncia anónima es un sistema peligroso que puede poner en peligro los derechos de los ciudadanos, vulnerando su presunción de inocencia, e incluso, podría amparar situaciones perversas y convertir a los órganos de la Administración actuantes en cómplices de denuncias falsas. En este sentido, UGT entiende que el Ministerio debería reconsiderar el mecanismo, a la vista de que las denuncias anónimas no tienen amparo en el derecho administrativo sancionador.