UGTCyL aboga por reforzar los Servicios Públicos y ampliar la protección de los desempleados

01 Dic UGTCyL aboga por reforzar los Servicios Públicos y ampliar la protección de los desempleados

Ante el proceso de Diálogo Social abierto entre la Junta de Castilla y León y los Agentes Sociales y Económicos para definir el nuevo marco de referencia que aglutine las políticas de Empleo, Formación Profesional, Salud Laboral e Igualdad en la Comunidad, el V Comité Regional de UGT Castilla y León, reunido esta mañana en Valladolid, ha considerado una prioridad absoluta garantizar la protección de las personas en situación de desempleo que no perciben ningún tipo de ingreso, fortaleciendo los programas que en esta materia destinan una ayuda económica mientras se realiza el itinerario correspondiente de inserción laboral. Al mismo tiempo, el Sindicato aboga por reforzar la protección de los trabajadores afectados por ERES en suspensión, dando una respuesta inmediata a su situación a través de la defensa de su puesto de trabajo, mientras se mantiene su renta con ayudas especificas en el marco de las políticas de empleo.

El Comité Regional ha calificado como de extrema gravedad la situación que atraviesa Castilla y León con 200.000 trabajadores en desempleo, de los cuales 85.000 carecen de prestación o subsidio alguno y donde 80.000 familias tienen a todos sus miembros en paro. Asimismo, continúa disparándose el número de desempleados de larga duración que llevan buscando un empleo desde hace más de un año y la tasa de paro de los jóvenes con un 35% se encuentra en unos niveles insostenibles.

Al drama del paro en la Comunidad Autónoma, hay que añadirle un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, visible en la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de la temporalidad, así como en el aumento de los accidentes de trabajo. Todo ello, sin olvidar el escenario de inestabilidad que afecta a cerca de 18.000 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo y a los 130.000 y trabajadoras que aún no han renovado sus respectivos convenios colectivos, en Castilla y León.

El Comité Regional ha analizado con suma preocupación la evolución negativa del empleo y la economía, tanto en España como en Castilla y León en la recta final del año ya que lejos de percibirse algún signo fiable de recuperación, los datos ponen de manifiesto, una vez más, que nos encontramos mucho peor que al inicio de la crisis.

Con unas cifras de desempleo alarmantes y con la actividad económica estancada que constatan el fracaso absoluto de un marco de políticas encaminadas a recortar el gasto público y a reformar el mercado de trabajo con la consiguiente perdida de derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras, continuamos aún sin resolver los principales problemas de nuestra economía en lo que respecta al cambio de modelo productivo y la falta de crédito para las familias y las empresas.

Especialmente en estos momentos, UGT reafirma su compromiso en la defensa del modelo social como objetivo irrenunciable y prioritario para garantizar en Castilla y León el mantenimiento y desarrollo del Estado del Bienestar, de tal manera que se haga efectivo el derecho de todos a la salud, a la educación, a la atención a los dependientes y a la protección social.

En este sentido, el Comité considera una obligación de la Junta de Castilla y León proteger al conjunto de la ciudadanía garantizando la financiación del modelo social que reconoce nuestro propio Estatuto de Autonomía aprobando para tal fin una Ley específica que garantice un suelo mínimo de inversión social pública que refuerce los servicios públicos.

Por último, el Sindicato ha denunciado y sigue criticando la demora en la presentación de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el próximo año 2012. Una decisión que para UGT no tiene justificación alguna ya que está contribuyendo a generar más incertidumbre e inquietud en el seno de la sociedad sobre los servicios públicos y las políticas tanto de empleo como sociales que son competencia exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma.

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