23 Jul UGTCyL rechaza la reforma de la Incapacidad Temporal porque privatiza el derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras
El Gobierno del PP ha vuelto a hacerlo. So pretexto de contener el gasto en la prestación por IT, acaban de publicar una norma que continúa la estrategia iniciada hace años por el Ministerio de Trabajo, para modificar y progresivamente externalizar el control de la IT. Estrategia que consideramos errónea, por ineficaz y que representa un cambio significativo en la política del INSS y del propio Ministerio de Empleo, potenciando y afianzando el control de las mutuas en la incapacidad temporal por contingencias comunes.
Más allá de pequeñas modificaciones de carácter técnico relacionadas con la gestión de la IT al objeto de aligerar los trámites y cargas burocráticas, el contenido de la norma confluye en un único fin: ejercer un sobre control (cuando no, presión) al trabajador enfermo, cuyo proceso va a soportar el seguimiento paralelo de su médico de atención primaria, de la inspección del sistema público de salud, de la inspección del INSS y de los médicos de las mutuas, quienes además, podrán realizar propuestas de alta en cualquier momento. Además, si por cualquier circunstancia, el trabajador no se somete a un acto de control de la mutua, se inicia un procedimiento de suspensión cautelar de la prestación económica, exento de garantías para el trabajador.
Los mecanismos de seguimiento y control articulados en esta norma, reducen la IT a un proceso meramente administrativo, desconsiderando que se trata de un proceso clínico, donde los tiempos de baja deben ajustarse a las características del paciente, y condicionado siempre y en todo caso, a la opinión del médico de atención primaria. El texto, desacredita constantemente la competencia profesional de estos especialistas, cuyo criterio puede ser puesto en tela de juicio en cualquier momento, tanto por la propia inspección médica, como por los médicos de las mutuas, puesto que podrán formular propuestas de alta en cualquier momento.
Consideramos, y así lo hemos manifestado siempre, que el control de la IT en cualquiera de sus manifestaciones es responsabilidad de los poderes públicos, y que como tal, debe ser ejercido por la Administración, sin que quepa ninguna fórmula de colaboración de entidades privadas, como son las Mutuas.
Consideramos también, que la manera más eficiente de mejorar el seguimiento y control de esta prestación, como de cualquier otra, es mejorando el funcionamiento de los servicios públicos de salud, incorporando más recursos económicos, técnicos y humanos, y no abriendo la puerta a entidades privadas, con grandes intereses económicos en este tema.
Hay que tener en cuenta que aunque entidades colaboradoras de la Seguridad Social, tuteladas y controladas por el Ministerio de Empelo y Seguridad Social por estar financiadas con cuotas públicas, las mutuas mantienen la naturaleza jurídica de asociaciones de empresarios. Se puede entender que existe una colisión de intereses cuando la mutua, dirigida por empresarios, interviene en las prestaciones económicas de los y las trabajadores.
Creemos además que tampoco era el momento de plantear una reforma de esta naturaleza, ya que estamos en un momento donde el coste de la IT ha alcanzado reducciones históricas. Según datos de la propia Seguridad Social, el gasto en IT en el año 2012, ascendió a 1860 millones de euros, representando tan sólo el 1,87% del gasto del INSS. Desde el año 2006 hasta la fecha, el gasto por esta contingencia se ha reducido en un 45,83%. Esta evolución hace innecesaria la adopción de medidas extraordinarias de control.
Y por último, se presenta en un momento donde las mutuas han visto reducida su actividad habitual, por lo que aspiran a compensar esta situación ampliando sus competencias. Este Real Decreto se presta a esta ampliación brindando a las mutuas un mayor protagonismo del que ya tienen, tanto en la gestión económica, como en la gestión de las prestaciones sanitarias y que se materializa en una mayor presencia en el circuito administrativo de la IT.
UGT de Castilla y León ha apelado siempre a la necesidad de que se produzca una integración real de las mutuas en el SNS, dando así cumplimiento a la disposición final 3ª de la ley General de Sanidad de 1986, “el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondrá que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las mutuas de accidentes (….) puedan ser objeto de integración en el SNS, siempre que reúnan las condiciones y requisitos mínimos. Con esa integración se podría mejorar mucho la agilidad y calidad de la asistencia sanitaria y conseguir ahorros importantes, aprovechando las sinergias y economías de escala de esta integración sanitaria.
Además, abogamos por la necesidad de garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria en condiciones de equidad, y por supuesto, por un sistema sanitario público. UGT defiende la concepción integral del SNS, que incluya todos los subsistemas de prestaciones sanitarias públicas existentes, entre otros, el mutualismo administrativo y las entidades colaboradoras, cuyas estrategias sanitarias y servicios deben orientarse a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.